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A finales de junio de 2022 los medios internacionales se quedaron perplejos ante la decisión del gobierno nicaragüense de expulsar del país a las inofensivas Hijas de la Caridad. ¿Cómo era posible que unas monjas, conocidas en todo el mundo por su abnegado y pacífico trabajo, debieran ser expulsadas? La respuesta es bien sencilla: en sus pequeños dispensarios médicos atendían a los heridos que se producían tras los ataques policiales que intentaban sofocar las protestas en las calles. Como el gobierno había prohibido atender en los hospitales públicos a los manifestantes, estos solo tenían la opción de acudir a las que nunca desoyen a los necesitados. Y es que solo la valentía de estas mujeres era capaz de paliar los daños producidos. La crisis de Nicaragua alcanzaba un punto todavía más alto.

Estas graves protestas se originaron en 2018, tras la decisión del gobierno de bajar un 5% las pensiones y aumentar los impuestos a las empresas. La violencia policial dejó entonces más de 300 muertos y 2000 heridos, y el único lugar donde han encontrado refugio los manifestantes ha sido en las iglesias. La mayoría de párrocos del país les han abierto las puertas de sus parroquias. El informe de Naciones Unidas daba cuenta de la grave crisis de derechos humanos que se estaba produciendo.

Un obispo arrestado

Estos dos hechos permiten entender el empeño que desde entonces y hasta ahora ha tenido Daniel Ortega, el presidente del país, por silenciar la voz de Iglesia. El viernes 19 de agosto Nicaragua volvía a ser noticia en todos los medios internacionales. El obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, era detenido en plena noche en el palacio arzobispal, junto con varios sacerdotes y seminaristas. Actualmente se encuentra de nuevo en arresto domiciliario. 

De este modo, el gobierno presionaba con fuerza a una de las principales voces disidentes con el régimen, seguramente con la esperanza de que abandone el país como se han visto obligados a hacer unos cuantos sacerdotes y pastores. 

Nuevos hostigamientos a la Iglesia

En las últimas semanas el gobierno ha intensificado la vigilancia sobre las parroquias. Muchas de ellas tienen patrullas policiales en la puerta durante las misas dominicales. Si el sacerdote no guarda un delicado equilibrio con respecto a la situación del país, se prohíbe el ingreso de los fieles a las ceremonias. Esta es la razón por la que en los últimos días se están viendo muchas fotos y vídeos por las redes sociales en las que aparecen fieles comulgando a través de las verjas de las fincas parroquiales, ante la atenta mirada de la policía. 

De esta forma, el gobierno trata de presionar a los sacerdotes para que no denuncien los abusos cometidos y las causas de la crisis política y social que arrastra Nicaragua desde hace quince años. Una situación que ha generado más de 150.000 refugiados, la mayoría de ellos desplazados a la vecina Costa Rica. 

La eliminación de los disidentes

Cabe preguntarse por qué la Iglesia tiene un liderazgo tan destacado, hasta el punto de ser actualmente el objetivo número uno del gobierno. A lo largo de la última década, la represión política en el país ha sido intensa, dando lugar a numerosos líderes opositores exiliados o encerrados (en el último año ha encarcelado a 18 opositores). El poder judicial se ha doblegado a los intereses gubernamentales, de tal forma que la separación de poderes ha dejado de existir realmente. 

Nicaragua, un país pequeño, con menos de 7 millones de habitantes cuenta con nueve obispos. Uno de ellos, monseñor Silvio Báez, se vio obligado a exiliarse en 2019. Pero la presión del gobierno no se ha ceñido solo a la jerarquía, sino que en los últimos meses ha cerrado la televisión y las radios católicas.

La Iglesia ha tratado de tener un papel lo más constructivo posible -dentro de la tensa e inestable situación-, pero con el paso del tiempo ha acabado siendo la única voz pública suficientemente autorizada para denunciar los ataques a los derechos humanos. Esto ha hecho que mucha gente respete y agradezca su fortaleza. Si a esto le sumamos la tradición católica que tiene el país, es lógico que la Iglesia sea vista con buenos ojos por la mayoría de la población y no por el gobierno.

Cronología de la crisis y la represión contra la Iglesia:

2018

2019-2022

Agosto de 2022.